Discurso del Coordinador Residente de Naciones Unidas en México, Magdy Martínez-Solimán, con motivo del Día Internacional de la Mujer.
Rueda de prensa
Magdy Martínez-Solimán
México, 8 de marzo de 2010
Excelentísima Embajadora Anna Lindstedt,
Sra. Mónica Orozco, Directora General de Evaluación y Desarrollo Estadístico del Instituto Nacional de las Mujeres,
Sra. Ana Güezmes, Directora Regional de UNIFEM,
Estimadas y estimados colegas del Sistema de Naciones Unidas en México,
Señoras y señores,
¡Feliz 8 de Marzo, feliz Día Internacional de la Mujer!
Posiblemente no haya mejor día para recibir a una nueva responsable de UNIFEM, para dar una cordial bienvenida a Ana Güezmes, quien a partir del 1º. de marzo asumió el compromiso de dirigir la Oficina Regional para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer. Sabemos que el reto es importante por la realidad desigual que viven las mujeres en la región; y te ofrecemos desde ya todo nuestro apoyo, el de las Naciones Unidas en México, con la certeza de que UNIFEM será bajo tu liderazgo un socio muy relevante para las mujeres Mexicanas y una agencia imprescindible para el sistema ONU en el país.
Como cada año, el 8 de marzo representa una fecha oportuna para evaluar los avances, destacar las lecciones aprendidas, identificar los obstáculos y asumir compromisos en materia de desarrollo y el cumplimiento de los derechos de las mujeres, los cuales se relacionan estrechamente con sus posibilidades de empoderamiento económico y de participación política.
Participación en la economía
Este año celebramos 15 años desde la Conferencia de Beijing, y una década desde la adopción de la Declaración del Milenio en Naciones Unidas, el mayor compromiso colectivo con el bienestar social y la equidad alcanzado en la historia del planeta. En México y en muchos países de la región, celebramos estas fechas junto al bicentenario de las independencias; y en esta tierra, además, coincide esa fecha con el centenario de la Revolución Mexicana.
Cumplimos estos aniversarios tras lo más duro de una crisis mundial, que ha lacerado a la población en general, pero significativamente más a las mujeres. Los más altos índices de pobreza se centran en la población femenina, que a pesar de su incursión masiva en el mundo laboral, formal e informal, se ve también despachada del mismo masivo, en cuanto las empresas empiezan a despedir, en cuanto los sistemas informales de empleo y producción entran en recesión.
Vulnerables ante el Clima
También nos reúne este día internacional tras la convocatoria de la Cumbre del Clima en Copenhague, que le dejó mucho trabajo pendiente a la CoP XVI a celebrarse en Cancún este año. El año arrancó con la presentación del Informe sobre la Población Mundial del UNFPA, que abordaba el tema de una población cambiante, las mujeres y el clima. Traigo este tema a colación porque un factor crucial que incide en la llamada feminización de la pobreza tiene que ver con la vulnerabilidad, con la forma diferenciada en que las mujeres y los hombres pueden sobreponerse a sacudidas traumáticas de su entrono, se trate del entorno climático o del ciclo económico. Con un acceso menos fácil al crédito, a los recursos financieros, a los servicios de salud y a los sistemas de protección social, con una dedicación muy superior en número a los trabajos no remunerados, trabajos informales y trabajos a tiempo parcial, las mujeres tienen menos defensas cuando la crisis climática o la crisis económica golpean y menos capacidad de recuperación posterior a estos shocks. Es también por razones de igualdad de género que necesitamos alcanzar un acuerdo mundial sobre el clima acá en México, dentro de pocos meses.
Finalmente, nos reúne el 8 de marzo del 2010 teniendo todavía que lamentar la persistencia de la violencia de género, de la violencia sexual que se ha convertido en una pandemia asociada a los conflictos, de la violencia intrafamiliar que tiene por víctima a los menores y a las mujeres. En un artículo publicado ayer, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmaba que frente a la creencia simplista y equivocada de que tales prácticas solo se dan en las culturas más retrógradas que desprecian conductas civilizadas, hemos de constatar que en todos los países del mundo, las mujeres experimentan violencia en esferas que le son familiares y de las que deberían esperar seguridad y protección, no agresión y violencia. La respuesta a estas agresiones, dice la Juez Pillay, es mandar a las mujeres a hogares y separarlas del ambiente en el que viven. Rara vez son los violentos obligados a abandonar sus casas envueltos en vergüenza y miedo. Reclamamos por ello que se inviertan los términos de la respuesta: el Estado tiene una clara responsabilidad de proteger a las mujeres, de castigar a los agresores y hacerles pagar el precio de su brutalidad. A eso responde la campaña del Secretario General contra la violencia de género, a ello también la reciente elección de Margot Wallstrom como Subsecretaria General para la Violencia de Género en Conflictos Armados.
Cambios en la Estructura Familiar
Uno de los principales cambios en la estructura de nuestra población ha sido el de las dinámicas y estructuras familiares, y la creciente participación laboral de las mujeres, cambios que diagnosticamos recientemente la OIT y el PNUD en un informe sobre Familia, Trabajo y Estrategias de Conciliación entre la vida personal y laboral. Una de nuestras conclusiones era que el trabajo de las mujeres sigue adoleciendo de las características de estabilidad, calidad, remuneración y protección que lo convierte, en el caso de la mayoría de los hombres asalariados, en un mecanismo imprescindible para la salida de la pobreza. La consecuencia es que el trabajo de las mujeres no sirve en igual medida para romper el circuito del malestar, sino que en gran parte perpetúa condiciones de desigualdad y explotación. A ello se añade que las mujeres más pobres asumen de manera notoria la carga casi exclusiva del trabajo no remunerado, lo que inhibe su participación en el mercado laboral.
Coste de la Discriminación Económica
Esa desigualdad de género en la actividad económica tiene costos para la sociedad y también para la economía. Se estima que el costo directo de la falta de igualdad en el mercado laboral latinoamericano equivale a casi el 4% del PIB de la región, unos 100,000 millones de dólares por año. Los usos ineficientes del talento, del conocimiento y de la fuerza de trabajo, no se detienen ahí: en fechas recientes se registró que el 57.6% de las mujeres calificadas de México no entraban al mercado laboral. Es decir, que a la inversión en educación no sigue una inversión en desarrollo humano y económico, en igualdad de acceso al mercado laboral y de aprovechamiento de trabajadoras y profesionales perfectamente competentes. Esas mujeres pasan a un área gris, mezcla de trabajo no remunerado, informalidad activa e inactividad formal.
Avances
Es importante en estas fechas no solo resaltar los aspectos negativos de la evolución reciente de la dinámica de equidad e iniquidad. Es obvio que si analizamos los ODM, contabilizaremos no solo avances en el mercado laboral, sino en el acceso de niñas y chicas jóvenes a la educación, mejoras en la remuneración y recorte de los diferenciales de salario respecto de los hombres, respuestas eficaces contra las diversas formas de discriminación y toma de conciencia clara en materia de violencia sexual y violencia doméstica. Las mujeres no han estado inmóviles desde Beijing y las sociedades tienden a ir consolidando algunos derechos, algunas conquistas, algunos avances.
Políticas Públicas Exitosas
Seguimos por ello, más allá de los diagnósticos, preguntándonos por los caminos a seguir para cambiar los estados de cosas menos satisfactorios. ¿Qué políticas públicas favorecen la igualdad de género en el contexto de los modelos de crecimiento y desarrollo de los países de la región? ¿Qué tipo de desarrollo económico y de desarrollo político, de democracia de ciudadanía, son necesarios para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres?
En el ámbito económico, resulta evidente que la protección a la pobreza, las transferencias condicionadas, los programas de guarderías, de becas al estudio, o el fomento a la contratación son instrumentos que todos ellos tienden a favorecer a las mujeres, por dirigirse hacia un público objetivo donde las mujeres son mayoría. Defender esas políticas públicas, muchas de las cuales se han aplicado con éxito en México y en la región con enfoque de género, es defender que no se produzcan retrocesos en materia de feminización de la pobreza. En materia de transferencias condicionadas, son ya 17 los países de América Latina quienes aplican este tipo de políticas públicas contra la pobreza, en las que las mujeres son las principales beneficiarias.
Participación Política
En el ámbito político, quiero destacar la importancia de pensar la democracia como palanca de estimulo a la igualdad entre mujeres y hombres. La Conferencia de Beijing reafirmó que la participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia básica de justicia y democracia, sino que puede considerarse una condición necesaria para que se tengan en cuenta los intereses de la mujer. Por desgracia, en la historia de la humanidad, los hombres en posesión del monopolio de la decisión política han demostrado no favorecer la igualdad, sino el privilegio.
La baja representación de las mujeres a nivel gobierno, a nivel parlamentario y en los órganos jurisdiccionales, hace que el tema de género y los intereses y necesidades de las mujeres sean vistos como elementos adicionales, políticamente correctos, y no como una necesidad de justicia, de derecho, iuris et de iure. Como un instrumento eficaz para fomentar esa participación política, las cuotas de igualdad han demostrado su valía más allá de su primer objetivo – convirtiéndose en un mecanismo para hacer más representativas a las instituciones de la democracia y redundando en beneficios substanciales para la ciudadanía en su conjunto.
Congresos con más mujeres han impulsado avances en materia de derechos, de lucha contra la discriminación, de evitación de la mortalidad materna e infantil, de escolarización de niñas, de igualdad ante el, y en el mercado de trabajo – todos ellos relacionados con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es por ello que Naciones Unidas en México sigue llamando la atención sobre dos de los pocos ODM que México está en trance de no cumplir: el de la reducción de la mortalidad materna, y el del aumento de la representación política de las mujeres. Es éste último el único de los objetivos que no cuesta dinero cumplir: su precio sin embargo se cotiza en una divisa igualmente preciada, la de la voluntad política a favor de la igualdad. Tal vez pueda inscribirse, en el contexto de la reforma política impulsada por el Presidente Calderón, alguna medida que evite en el futuro episodios poco edificantes como el de la proposición al electorado de candidatas destinadas desde el inicio a ser sustituidas por suplentes varones. México se merece más respeto a sus instituciones, a sus Diputadas electas, a sus mujeres y a sus votantes.
En este año se nos presenta la oportunidad de repensar la participación política de las mujeres al calor de procesos electorales en 14 Estados de la República. La demanda ciudadana gira en torno a la seriedad y el compromiso de quienes ofrecerán su candidatura. No dudamos que existen en todo el arco iris político, mujeres mexicanas capaces, sensibles y con proyectos sólidos para contribuir al desarrollo del país. México necesita su presencia y que esta sea respetada.
Estamos a sólo 5 años de la fecha límite para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Para México, no alcanzarlos todos sería situarse por debajo de su capacidad. Llegar a esa meta, a todas luces modesta para el potencial de este gran país, representaría además un logro extraordinario de igualdad para sus mujeres y para la sociedad mexicana en su conjunto.
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