¿Cuáles han sido los avances institucionales en materia de transparencia y protección?
¿Qué tipo de acciones de blindaje ha realizado el Gobierno Federal?
¿Cuáles son los criterios de selección de los programas sociales analizados en el informe diagnóstico?
¿A cuánto asciende el gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 asignado a los programas sociales federales analizados en este proyecto?
¿Cuáles son las prácticas de condicionamiento del voto relacionadas con el uso indebido de los programas sociales federales?
Preguntas Frecuentes
¿Cuáles han sido los avances institucionales en materia de transparencia y protección?
Para fortalecer la operación de los programas sociales federales se ha ido construyendo un andamiaje jurídico-institucional que constituye un avance en materia de transparencia y rendición de cuentas de los mismos, a través de la expedición de normatividad que regule los distintos sectores analizados así como acciones institucionales de protección.
Un paso importante se dio con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 1998, el cual incluyó disposiciones que obligan a las dependencias a definir reglas de operación en los programas con impacto social a fin de hacer más transparente y eficaz la asignación del gasto.(Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998, Diario Oficial de la Federación, Artículos 18 y 16 transitorio, 29 de diciembre de 1997. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000, Diario Oficial de la Federación, Artículos 67, 73-78, 31 de diciembre de 1999. Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2003, Subsecretaría de Egresos.) A partir de entonces, las dependencias están obligadas a publicarlas anualmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), precisando el objetivo del programa, el grupo social al que va dirigido, las metas a alcanzar, los mecanismos de evaluación e incluso los criterios de terminación del mismo.
En el 2000 el Presupuesto de Egresos de la Federación, estableció un listado de los programas sujetos a Reglas de Operación, entre cuyos requisitos deben constar los criterios de elegibilidad y selección de beneficiarios de cada programa. Posteriormente, en el año 2002, se emitieron lineamientos para la programación y presupuestación del Gobierno Federal, gracias a los cuales se ha facilitado la localización de los programas sujetos a Reglas de Operación, que hasta entonces aparecían indiferenciados de otros programas, en el conjunto del Presupuesto.
Para el año 2006, el artículo 30 del decreto del PEF señala que "… a las dependencias y entidades les queda prohibido, durante el proceso electoral federal de 2006, identificarse en ejercicio de sus funciones con los partidos políticos o candidatos, así como apoyarlos o combatirlos con recursos federales y, especialmente, influenciar la decisión de los electores a través de propaganda o acciones identificables con objetivos distintos del cumplimiento de su función." Asimismo, señala la obligación de entregar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados el padrón de beneficiarios de los programas sociales y reportar mensualmente, a partir de febrero del presente año, la relación de incidencias en la entrega de beneficios, así como los cambios que ocurran en la operación de los programas.
A nivel del Ejecutivo Federal, el 4 de diciembre de 2000 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se crea la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal. Se trata de una comisión inter-secretarial de carácter permanente, presidida por la Secretaría de la Función Pública, cuyo objeto es coordinar las políticas y acciones para prevenir así como combatir la corrupción, fomentando la transparencia en la administración pública federal.
El 30 de abril de 2002 el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), la cual entró en vigor en junio del mismo año, para aplicarse se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), un organismo independiente que cuenta con la autonomía.
En relación a la operación de la política social el 7 de diciembre de 2001 se publicó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), la cual pretende reformular la política agropecuaria y rural, a partir de tres elementos rectores: un paquete de instrumentos de fomento al sector, los órganos de concertación y coordinación, y el Programa Especial Concurrente.
También en el sector salud se dio un paso importante con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, del decreto por el que se reforma la Ley General de Salud (LGS) mediante el cual se creó el Sistema de Protección Social en Salud. De acuerdo con el artículo 77 Bis 5 de la LGS, la Secretaría de Salud deberá definir el marco organizacional del Sistema de Protección Social de Salud en los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y, en su caso, municipal, así como establecer los lineamientos para la integración y administración del padrón de beneficiarios. Esta atribución debería contribuir a homogeneizar las acciones de salud sin afectar la descentralización de las mismas, para establecer criterios de evaluación que permitan comparar los avances por entidad federativa.
El 20 de enero de 2004 se publicó en el DOF la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) que establece la prohibición de cualquier práctica discriminatoria en la prestación de bienes y servicios contenidos en los programas para el desarrollo social, otorgando a los beneficiarios la capacidad para que puedan presentar quejas y denuncias, en caso de que los servidores públicos no respeten la normatividad. Para ello se reconoce a la contraloría social como un mecanismo para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos.
Un paso importante se dio con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 1998, el cual incluyó disposiciones que obligan a las dependencias a definir reglas de operación en los programas con impacto social a fin de hacer más transparente y eficaz la asignación del gasto.(Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1998, Diario Oficial de la Federación, Artículos 18 y 16 transitorio, 29 de diciembre de 1997. Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000, Diario Oficial de la Federación, Artículos 67, 73-78, 31 de diciembre de 1999. Lineamientos de Política de Gasto para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2003, Subsecretaría de Egresos.) A partir de entonces, las dependencias están obligadas a publicarlas anualmente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), precisando el objetivo del programa, el grupo social al que va dirigido, las metas a alcanzar, los mecanismos de evaluación e incluso los criterios de terminación del mismo.
En el 2000 el Presupuesto de Egresos de la Federación, estableció un listado de los programas sujetos a Reglas de Operación, entre cuyos requisitos deben constar los criterios de elegibilidad y selección de beneficiarios de cada programa. Posteriormente, en el año 2002, se emitieron lineamientos para la programación y presupuestación del Gobierno Federal, gracias a los cuales se ha facilitado la localización de los programas sujetos a Reglas de Operación, que hasta entonces aparecían indiferenciados de otros programas, en el conjunto del Presupuesto.
Para el año 2006, el artículo 30 del decreto del PEF señala que "… a las dependencias y entidades les queda prohibido, durante el proceso electoral federal de 2006, identificarse en ejercicio de sus funciones con los partidos políticos o candidatos, así como apoyarlos o combatirlos con recursos federales y, especialmente, influenciar la decisión de los electores a través de propaganda o acciones identificables con objetivos distintos del cumplimiento de su función." Asimismo, señala la obligación de entregar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados el padrón de beneficiarios de los programas sociales y reportar mensualmente, a partir de febrero del presente año, la relación de incidencias en la entrega de beneficios, así como los cambios que ocurran en la operación de los programas.
A nivel del Ejecutivo Federal, el 4 de diciembre de 2000 se publicó en el DOF el Acuerdo por el que se crea la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal. Se trata de una comisión inter-secretarial de carácter permanente, presidida por la Secretaría de la Función Pública, cuyo objeto es coordinar las políticas y acciones para prevenir así como combatir la corrupción, fomentando la transparencia en la administración pública federal.
El 30 de abril de 2002 el Congreso de la Unión aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), la cual entró en vigor en junio del mismo año, para aplicarse se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), un organismo independiente que cuenta con la autonomía.
En relación a la operación de la política social el 7 de diciembre de 2001 se publicó la Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), la cual pretende reformular la política agropecuaria y rural, a partir de tres elementos rectores: un paquete de instrumentos de fomento al sector, los órganos de concertación y coordinación, y el Programa Especial Concurrente.
También en el sector salud se dio un paso importante con la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, del decreto por el que se reforma la Ley General de Salud (LGS) mediante el cual se creó el Sistema de Protección Social en Salud. De acuerdo con el artículo 77 Bis 5 de la LGS, la Secretaría de Salud deberá definir el marco organizacional del Sistema de Protección Social de Salud en los ámbitos federal, estatal, del Distrito Federal y, en su caso, municipal, así como establecer los lineamientos para la integración y administración del padrón de beneficiarios. Esta atribución debería contribuir a homogeneizar las acciones de salud sin afectar la descentralización de las mismas, para establecer criterios de evaluación que permitan comparar los avances por entidad federativa.
El 20 de enero de 2004 se publicó en el DOF la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) que establece la prohibición de cualquier práctica discriminatoria en la prestación de bienes y servicios contenidos en los programas para el desarrollo social, otorgando a los beneficiarios la capacidad para que puedan presentar quejas y denuncias, en caso de que los servidores públicos no respeten la normatividad. Para ello se reconoce a la contraloría social como un mecanismo para verificar la correcta aplicación de los recursos públicos.
¿Qué tipo de acciones de blindaje ha realizado el Gobierno Federal?
Algunas dependencias del gobierno federal instrumentaron disposiciones del Programa Nacional de Combate a la Corrupción, Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006 para poner en marcha mecanismos que permitieran difundir los objetivos, dieran mayor transparencia y fomentaran la participación social en los programas sociales. El caso más destacado es el de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), que es la instancia que más ha avanzado en la puesta en práctica de de las disposiciones emanadas del Programa Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción, que concierne a la administración pública federal en su conjunto, así como de la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social, que involucra a todas las secretarías del gobierno federal.
En el 2001 se creó la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, estableciendo acciones y lineamientos de política dentro del Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, con particular atención en los procesos electorales. Para darle más relevancia al tema, se creó en el ámbito de la secretaría la figura del Comisionado por la Transparencia, homologándolo con la del Abogado General y estableciendo entre sus funciones: "diseñar las políticas, estrategias y acciones del Sector en materia de transparencia y combate a la corrupción."(Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. Artículo 13, fracción XV.)
Una vez instalada la citada Comisión, se realizaron las llamadas "acciones de blindaje", entre las que destacan las siguientes: a) visitas y reuniones de presentación del "Programa de blindaje electoral, b) jornadas para la Transparencia y la Legalidad, c) el compromiso denominado "manos limpias", d) la reprogramación de entregas de apoyos y eventos públicos, e) firma de convenios de colaboración y "concertación para la transparencia" entre la SEDESOL y diversas organizaciones públicas, gubernamentales y sociales, f) convocatorias del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), g) encuestas sobre la percepción de transparencia a organizaciones de la sociedad civil y a servidores públicos, h) la publicación de material didáctico, tal como el Código de Conducta de SEDESOL; el Manual Ciudadano: SEDESOL a los ojos de todos; la Guía Rápida de los Programas de la SEDESOL; el ABC de los Servidores Públicos en Relación con las Elecciones; el Prontuario para el Enlace Municipal, entre otros.
En el 2001 se creó la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, estableciendo acciones y lineamientos de política dentro del Programa Operativo para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, con particular atención en los procesos electorales. Para darle más relevancia al tema, se creó en el ámbito de la secretaría la figura del Comisionado por la Transparencia, homologándolo con la del Abogado General y estableciendo entre sus funciones: "diseñar las políticas, estrategias y acciones del Sector en materia de transparencia y combate a la corrupción."(Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social. Artículo 13, fracción XV.)
Una vez instalada la citada Comisión, se realizaron las llamadas "acciones de blindaje", entre las que destacan las siguientes: a) visitas y reuniones de presentación del "Programa de blindaje electoral, b) jornadas para la Transparencia y la Legalidad, c) el compromiso denominado "manos limpias", d) la reprogramación de entregas de apoyos y eventos públicos, e) firma de convenios de colaboración y "concertación para la transparencia" entre la SEDESOL y diversas organizaciones públicas, gubernamentales y sociales, f) convocatorias del Instituto de Desarrollo Social (Indesol), g) encuestas sobre la percepción de transparencia a organizaciones de la sociedad civil y a servidores públicos, h) la publicación de material didáctico, tal como el Código de Conducta de SEDESOL; el Manual Ciudadano: SEDESOL a los ojos de todos; la Guía Rápida de los Programas de la SEDESOL; el ABC de los Servidores Públicos en Relación con las Elecciones; el Prontuario para el Enlace Municipal, entre otros.
¿Cuáles son los criterios de selección de los programas sociales analizados en el informe diagnóstico?
Para llevar a cabo la selección de los programas sociales federales que serían objeto de análisis de su marco normativo y procedimientos de operación, fue necesario definir criterios que permitieran acotar su universo. Tal opción metodológica resultó inevitable en función de las restricciones de tiempo y recursos humanos. Los criterios definidos fueron: a) Inclusión dentro de la estrategia de política social del gobierno federal denominada Contigo; b) Presupuesto; c) Cobertura y ubicación geográfica; d) Proceso de selección de beneficiarios; e) Tipo de apoyo. Definición que hizo posible contar con programas con atributos y formas de operación diferentes.
Se partió de dos fuentes primarias de información: la base de datos de programas sociales elaborada por el Gabinete de Desarrollo Humano y Social(Documento de trabajo para la Integralidad de la Política Social en la Planeación) y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006.
La base de datos del Gabinete de Desarrollo Humano y Social cuenta con 230 programas sociales federales en operación. Del análisis de la segunda fuente de información se identificaron 122 programas que están sujetos a Reglas de operación
Con objeto de delimitar un número razonable de programas para su análisis, se consideraron a aquellos programas que tenían más de $2,000 millones de presupuesto asignado para el año en curso. De esta forma se obtuvo un total de ocho programas sociales pertenecientes a cinco dependencias del gobierno federal, los cuales se presentan en el cuadro siguiente:
Se partió de dos fuentes primarias de información: la base de datos de programas sociales elaborada por el Gabinete de Desarrollo Humano y Social(Documento de trabajo para la Integralidad de la Política Social en la Planeación) y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006.
La base de datos del Gabinete de Desarrollo Humano y Social cuenta con 230 programas sociales federales en operación. Del análisis de la segunda fuente de información se identificaron 122 programas que están sujetos a Reglas de operación
Con objeto de delimitar un número razonable de programas para su análisis, se consideraron a aquellos programas que tenían más de $2,000 millones de presupuesto asignado para el año en curso. De esta forma se obtuvo un total de ocho programas sociales pertenecientes a cinco dependencias del gobierno federal, los cuales se presentan en el cuadro siguiente:
|
Programa |
Objetivo |
Vertientes
Estrategia Contigo |
Presupuesto
2006 |
Cobertura
geográfica |
Selección
de beneficiarios |
Tipo
de apoyo(s) |
|
Oportunidades |
Potenciar
las capacidades de los miembros de las familias y ampliar sus alternativas
para alcanzar mejores niveles de bienestar |
Ampliación
de capacidades |
35,006,494,562 |
32
entidades, 83,973 localidades en todos los municipios del país. 5 millones de
familias |
Se
identifican y seleccionan familias en condiciones de pobreza extrema. |
Transferencias
monetarias y apoyos en especie. |
|
Seguro Popular |
Brindar
protección en servicios de salud a la población que carece de seguridad
social, para familias sin seguridad social |
Ampliación
de capacidades |
17,137,441,143 |
32
entidades federativas, 1,177 municipios. 3 millones de familias |
Seguro
voluntario |
Servicios
de salud |
|
Programa de atención a grupos y regiones
prioritarias a través del otorgamiento de apoyos directos al productor Procampo (Sagarpa) |
Apoyar
el ingreso de los productores rurales en zonas de alta y muy alta marginación |
Generación
de oportunidades de ingreso |
14,755,700,000 |
32
entidades federativas, en municipios que tengan superficies elegibles de
acuerdo con el directorio del Programa a nivel de predio y ciclo agrícola. 2.
3 millones de productores |
Solicitud
expresa del productor. |
Entrega
de recursos monetarios por hectárea registrada |
|
Apoyos directos a la comercialización |
Facilitar
la comercialización de su producción mediante instrumento de cobertura de
precios agropecuarios |
Generación
de oportunidades de ingreso |
5,471,689,534 |
Zonas
rurales en las 32 entidades federativas |
Solicitud
expresa del productor. |
Entrega
de recursos monetarios para comercialización |
|
IMSS-Oportunidades |
Proporcionar
servicios de salud integrales de 1er. y 2o. nivel, oportunos y de calidad a
la población abierta sin acceso regular a los Servicios de Salud de zonas
rurales marginadas |
Ampliación
de capacidades |
4,664,013,378 |
21
entidades federativas en zonas rurales. 10.2 millones de personas |
Se
identifican y seleccionan zonas rurales donde no hay servicios de salud |
Atención
médica y hospitalaria de primer y segundo nivel |
|
Programa de ahorro, subsidio y crédito para la
vivienda progresiva Tu Casa |
Otorgar
subsidios para apoyar a familias con ingresos de hasta 5 SMDF que tengan
necesidad de una vivienda |
Formación
de patrimonio |
3,165,609,748 |
32
entidades federativas en localidades urbanas, suburbanas rurales e indígenas |
A
petición de los beneficiarios |
Apoyo
para construcción o mejoramiento de vivienda |
|
Programa de infraestructura básica para la
atención de los pueblos indígenas |
Contribuir
al desarrollo social y económico de los pueblos y comunidades indígenas,
mediante la ejecución de obras de infraestructura básica. |
Generación
de oportunidades de ingreso |
2,604,526,200 |
28
entidades federativas. 1.2 millones de personas |
A
partir de la detección de necesidades de infraestructura |
Obras
de infraestructura básica |
|
Hábitat |
Contribuir
a superar la pobreza urbana, mejorar el hábitat popular |
Provisión
de protección social |
2,060,400,000 |
32
entidades federativas en 180 ciudades. |
A
partir de la selección de las zonas prioritarias |
Acciones
de desarrollo urbano y social |
¿A cuánto asciende el gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2006 asignado a los programas sociales federales analizados en este proyecto?
|
Dependencia |
Programa |
Presupuesto 2006 ($) |
|
SEDESOL,
Secretaría de educación pública, Secretaría de Salud |
Oportunidades
(antes Progresa) |
35,006,494,562.0 |
|
Secretaría
de Salud |
Seguro
Popular |
17,137,441,143.0 |
|
SAGARPA |
Programa de Atención a Grupos y Regiones
Prioritarios a través del Otorgamiento de Apoyos Directos al Productor
PROCAMPO |
14,755,700,000.0 |
|
SAGARPA |
Apoyos
Directos a |
5,471,689,534.0 |
|
IMSS |
IMSS-Oportunidades |
4,664,013,378.0 |
|
SEDESOL |
Tu
casa (a cargo de FONHAPO) (programa
antes conocido como VIVAH) |
3,165,600,000.0 |
|
Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas |
Infraestructura
Básica para |
2,581,900,000.0 |
|
SEDESOL |
Hábitat |
2,060,400,000.0 |
|
Secretaría
de Educación Pública |
Modelo
Comunitario de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza (CONAFE) |
1,947,238,450.0 |
|
SAGARPA |
Programa
Ganadero (PROGAN) |
1,919,900,000.0 |
|
Secretaría
de Educación Pública |
Abatir
el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB) * |
1,844,383,880.0 |
|
Secretaría
de Economía |
Fondo
de Apoyo para |
1,742,718,900.0 |
|
SAGARPA |
Alianza
para el Campo |
1,551,154,386.0 |
|
SCT,
SEMARNAT, SEDESOL |
Empleo
Temporal |
1,488,000,000.0 |
|
Secretaría
de Educación Pública |
Escuelas
de Calidad |
1,258,568,128.0 |
|
Secretaría
de Economía |
Fondo
Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (Fonaes) |
1,128,681,273.0 |
|
Secretaria
del Trabajo |
Apoyo
al Empleo (PAE) |
1,027,666,127.0 |
|
SEDESOL |
Abasto
Rural (Diconsa) |
750,000,000.0 |
|
SEDESOL |
Abasto
Social de Leche (LICONSA) |
750,000,000.0 |
|
Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas |
Albergues
Escolares Indígenas |
536,700,000.0 |
|
SEDESOL |
Vivienda
Rural |
500,000,000.0 |
|
Secretaría
de Economía, Secretaria del Trabajo, SEDESOL |
Desarrollo
local microrregiones |
483,183,987.0 |
|
DIF |
Atención
a personas con discapacidad. |
435,313,118.0 |
|
Secretaría
de Educación Pública |
Nacional
de Becas a |
426,428,503.0 |
|
SEDESOL |
Opciones
productivas. |
400,000,000.0 |
|
SEDESOL |
Apoyo
Alimentario (Diconsa) |
300,000,000.0 |
|
SEDESOL |
Atención
a los Adultos Mayores en zonas rurales |
300,000,000.0 |
|
Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas |
Fondos
Regionales Indígenas |
294,300,000.0 |
|
SEDESOL |
Adquisición
de Leche Nacional (Liconsa) |
250,000,000.0 |
|
Secretaria
del Trabajo |
Apoyo a |
201,490,662.0 |
|
SEDESOL |
Coinversión Social |
196,700,000.0 |
|
SEDESOL |
Jornaleros
Agrícolas |
140,000,000.0 |
|
Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas |
Fomento
y Desarrollo de las Culturas Indígenas |
135,000,000.0 |
|
SEDESOL |
3
x 1 para Migrantes |
119,500,000.0 |
|
Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas |
Organización
Productiva para Mujeres Indígenas |
97,600,000.0 |
|
Secretaría
de Economía |
Fondo
de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (Fommur) |
70,000,000.0 |
|
Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas |
Ecoturismo |
65,500,000.0 |
|
Secretaría
de Salud |
Atención
a |
54,738,020.0 |
|
SAGARPA |
Programa
normal de sanidades |
53,432,051.0 |
|
SEDESOL |
Incentivos
Estatales(antes Estatales por Demanda) |
50,000,000.0 |
|
Secretaría
de |
Joven
Emprendedor Rural y Fondo de Tierras |
50,000,000.0 |
|
Secretaría
de Salud |
Comunidades
Saludables |
44,852,390.0 |
|
SEDESOL |
Fondo
Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART). |
37,590,799.0 |
|
Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas |
Promoción
de Convenios en Materia de Justicia |
34,400,000.0 |
|
Secretaría
de Educación Pública |
Nacional
de Lectura |
25,000,000.0 |
|
SAGARPA |
Programa
emergente de sanidades |
18,000,000.0 |
|
SEDESOL |
Jóvenes
por México (antes conocido como Servicio Social Comunitario) |
17,000,000.0 |
|
Secretaría
de Educación Pública |
Fortalecimiento
de |
16,520,199.0 |
|
Secretaría
de Educación Pública |
Asesor
Técnico Pedagógico |
15,164,370.0 |
|
Secretaría
de Educación Pública |
Becas
para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas |
10,000,000.0 |
|
Secretaría
de Educación Pública |
Educación
Primaria para Niñas y Niños Migrantes |
6,235,090.0 |
¿Cuáles son las prácticas de condicionamiento del voto relacionadas con el uso indebido de los programas sociales federales?
La experiencia cotidiana recogida a través de diversos estudios, entrevistas a profundidad y grupos focales, se ha convertido en insumos para sistematizar algunos ejemplos de prácticas que se describen a continuación:
- Utilización de la credencial para votar:
- Recoger la credencial para votar, o usarla sin el conocimiento expreso del interesado, para cualquier fin electoral (registro de afiliados al partido, imposibilidad de ir a votar) a cambio del otorgamiento de algún programa social federal.
- Proselitismo:
- Hacer proselitismo utilizando recursos, bienes o servicios de un programa social federal para favorecer a algún candidato o a un partido político.
- Designar funcionarios encargados de la operación, administración o promoción de algún programa social federal para que realicen alguna actividad con fines electorales.
- Gestión:
- Prometer o haber recibido promesas de realizar algún trámite de un programa social federal a cambio del voto o de algún beneficio, obsequios o favores.
- Presión o coacción:
- Presionar o coaccionar como servidor público, candidato o funcionario partidista para entregar alguna constancia que demuestre haber favorecido a un candidato o partido con la emisión del voto, como condición para la entrega de los recursos de algún programa social federal.
- Obligar o promover la participación de funcionarios públicos que operan programas sociales federales en cualquier evento partidista.
- Utilización y manejo de información y recursos públicos:
- Modificar cualquier documento que permita el desvío o manejo de recursos públicos de programas sociales federales a favor de algún partido o candidato.
- Difundir cualquier tipo de información reservada sobre alguna denuncia, queja o demanda interpuesta ante la autoridad por la supuesta comisión de un delito electoral en el que se hayan utilizado recursos de programas sociales federales.
- Utilizar los datos de los padrones de los programas sociales federales con fines político-electorales.
Cabe señalar que estos ejemplos no son exhaustivos y que pueden observarse antes, durante y después del proceso electoral. Hay además conductas de manipulación del voto el día de la jornada electoral que pueden estar relacionadas, de manera indirecta, con el manejo o la entrega de programas sociales federales. Estas prácticas, que podrían encuadrar en las conductas tipificadas como delitos electorales, logran escapar de la procuración de justicia cuando cambian las condiciones en el modo, tiempo y lugar especificado por la ley.