En México al igual que en la mayoría de los países de América Latina se ha observado una tendencia en las políticas sociales a dirigir, por un lado, una creciente proporción de su gasto a los programas de combate a la pobreza, y por el otro, a mantener los servicios sociales que ya recibe parte de la población. Los desvíos de estos recursos a fines distintos a los sociales (particularmente a fines proselitistas), no sólo desvirtúan los esfuerzos emprendidos sino que amenazan con agravar aún más la desigualdad en el acceso a los derechos económicos y sociales de las personas y, por ende, fragilizar las conquistas alcanzadas en los derechos políticos y civiles.

Para evitar el mal uso de las políticas sociales, varios países latinoamericanos al igual que México han fomentado la institucionalización de los programas sociales federales, permitiendo en cierta medida, aislar la política social de la política electoral, además de favorecer a una mayor certidumbre en la aplicación del gasto social federal en México.

En este rubro, la sociedad civil organizada, ha logrado la apertura de espacios de participación social para la evaluación y monitoreo de los programas sociales. Esto, a su vez, ha propiciado que los beneficiarios de los programas asuman un rol cada vez más relevante de contraloría social y monitoreo ciudadano de los programas sociales federales y de los programas estatales y municipales financiados con recursos federales.

La preocupación por la protección de los programas sociales federales en contextos electorales no es nueva, aunque relativamente reciente. El primer esfuerzo en este sentido, que se tradujo en acciones preventivas de protección, lo realizó el gobierno federal durante las elecciones federales de 2003 y en las elecciones locales subsecuentes. Estos antecedentes inmediatos propiciaron que un porcentaje significativo de actores políticos se comprometieran a respetar la neutralidad de los programas sociales en los procesos electorales.

En este sentido, el periodo electoral 2005-2006 pudiera suponer una mayor presión a los programas sociales. Por una parte, se trata de los comicios más importantes desde la alternancia partidista del año 2000. Para los principales observadores, lo que está en juego va más allá de la Presidencia de la República: las elecciones pondrán a prueba la solidez de los avances democráticos del país.

Si se considera el alto grado de competitividad política de la contienda electoral en curso, que produce condiciones de proclividad para la realización de prácticas anómalas como desvíos, condicionamientos y manipulación en la gestión de los programas sociales, resulta imperativo desarrollar acciones preventivas que, por una parte, inhiban la manipulación proselitista de los programas sociales y, por la otra, difundan los dispositivos ciudadanos de contraloría social y denuncia de prácticas anómalas que pudieran realizar candidatos, partidos políticos y las propias autoridades electorales.

El presente proyecto se ubica en el Marco de Financiación Multianual del PNUD, cuyo enfoque es generar consensos acerca de la promoción de una gobernabilidad para el desarrollo humano sustentable, de manera particular, se identifica bajo la línea de servicio 2: Promoción de la cultura democrática/ 2.3. Sistemas electorales.-Mantenimiento de estructuras legales e institucionales que permitan elecciones libres, transparentes, justas y sostenibles.
PNUD acepta la propuesta de SEDESOL para desarrollar el proyecto como un paso más hacia el fortalecimiento de la democracia, construcción de ciudadanía, integrado en la Agenda Global de Desarrollo Humano y de sus diferentes actores.

El presente proyecto busca construir un mecanismo adicional a los ya existentes para identificar de manera preventiva las áreas programáticas vulnerables, a las tentativas de desvíos y/o malos usos de los programas sociales en periodo electoral, acciones que constituyen delitos electorales caracterizados y sancionados por la normatividad en la materia, asimismo, contribuirá a la realización de comicios libres, equitativos, transparentes y respetados, y a la integridad de los programas sociales federales.

Los objetivos del presente proyecto son los siguientes:
1) sensibilizar a la ciudadanía y a los diferentes actores políticos respecto a los instrumentos de que dispone para denunciar eventuales malos usos de los programas sociales;
2) minimizar, a partir de acciones preventivas y disuasivas, las posibilidades de que ocurran estos delitos en el contexto de los comicios federales de julio de 2006, y;
3) documentar las buenas prácticas para fortalecer el uso transparente y equitativo de los programas sociales.

Informe Diagnóstico: el cual analizará la coherencia y la solidez de los mecanismos institucionales actuales de protección y de transparencia respecto al uso y operación de programas sociales federales.

Emisión de recomendaciones por el Alto Consejo: Se emitirán recomendaciones a los tres órdenes de gobierno para que se fortalezca la protección de los programas sociales federales de cara al proceso electoral federal del 2006

Acciones de Intervención y misiones de observación: las cuales darán cuenta de las recomendaciones emitidas.

Buenas prácticas: identificación, reconocimiento y difusión de experiencias institucionales y sociales en lo relacionado a la protección de los programas sociales federales.

Se establecerán redes de comunicación y trabajo conjunto con las autoridades gubernamentales, electorales, académicas, organizaciones de la sociedad civil y demás entidades públicas que se determine pertinente para impulsar los objetivos del proyecto.

Se invitará a los partidos políticos, a los medios de comunicación, a los organismos empresariales, a los sindicatos y a la población en general a ampliar las acciones de vigilancia para prevenir y denunciar en las instancias adecuadas las acciones de uso político electoral de los programas sociales.

Se realizarán actividades de difusión y sensibilización a través de talleres, reuniones temáticas, seminarios, encuentros y de esta página.

Resultados esperados:

• Se identificarán las prácticas irregulares en el uso de los recursos de programas sociales federales.
• Se desalentará el uso indebido de los recursos públicos para convertirlo en un mecanismo de exigencia del cumplimiento de los derechos ciudadanos.
• Se contribuirá en la identificación de dispositivos y candados existentes en los programas sociales a fin consolidar una política social de estado de carácter transversal y transexenal.
• Se desarrollará una metodología y modelo para la protección de programas sociales federales a futuro y en otros países.

Este proyecto no pretende de ninguna manera desembocar en una observación y/o evaluación del proceso general de los comicios federales y locales de julio 2006. En este sentido no se llevará a cabo ninguna acción que pudiera interpretarse como tal. Tampoco se emitirá juicio alguno acerca del impacto en los resultados de las eventuales anomalías observadas en el uso de los programas sociales. Dado que el voto es secreto, resulta imposible evaluar este impacto.

No pretende sustituirse a las autoridades que la ley mexicana ha creado en materia electoral y de contraloría social y por consiguiente, no debe esperarse de la presente estrategia ningún tipo de evaluación respecto a la efectividad e impacto de la política social del Estado mexicano.